"Piquetes” la nueva costumbre argentina

Durante 15 días se llevo a cabo un corte de calles en la intersección Oroño y 27 de Febrero. Sin embargo en la madrugada del 26 de octubre, efectivos policiales procedieron a la detención de 41 personas (8 de ellos menores) que interrumpían el tránsito frente al Ministerio de Desarrollo Social.

El procedimiento fue ordenado por el juez Correccional Nº 9, Héctor Núñez Cartelle tras el pedido de despejar la zona de parte del fiscal Nº 8, Enrique Paz. No hubo resistencia de los manifestantes y personal municipal comenzó a limpiaba del lugar.

No obstante durante el reclamo sonaron campanas diferentes en los medios, algunos apoyaban la moción de que los manifestantes se instalaron en el lugar sin previo aviso y de ahí surgieron los reclamos hacia las autoridades; y hay otros que afirmaban que este reclamo se viene dando desde tiempo atrás sin un desenlace prometedor.

El “piquete”, era llevado a delante por vecinos de la Villa Vía Honda, Avellaneda Oeste y Empalme Graneros. El mismo tiene su origen en el reclamo al acceso de subsidios de “Programas de Trabajo”, en consecuencia, el Ministro de Desarrollo Social de Santa Fe, Pablo Farías, lo definió de “intempestivo e injustificado”.

Los reclamos sociales y su vinculación con la justicia

Es fundamental conocer lo que dice La Constitución de la Nación Argentina con respecto a los “piquetes”, por lo cual el Art 22 cita “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”

Considerando esto, es que el Gobierno Provincial realizó una presentación judicial para delimitar su postura y la de su Ministerio de Desarrollo Social, con la necesidad de desocupar las calles afectadas por el reclamo.

Esta decisión es tomada debido a que se ha iniciado, en el último período,  una forma de protesta social consistente en diarios cortes de ruta y caminos de todo el territorio, a veces espontáneos, hasta circunscriptos localmente y otros organizados a nivel nacional por los grupos denominados "piqueteros", cuyos dirigentes entienden que el corte de calles es la manera idónea de llamar la atención de las autoridades acerca de demandas de trabajo, alimentación, educación, salud, etc., cuya legitimidad no está puesta en discusión.

Sin embargo, esa forma de expresarse provoca innegable violencia, pues entra en colisión con el derecho de otras personas a transitar libremente, ejercer el comercio, trabajar en libertad, vivir con tranquilidad, seguridad y preservar su propiedad.

Como ocurre en dicho caso, ya que el entorpecimiento de la circulación por estas calles, genera el fastidio de los vecinos, considerados ante la Ley como “los terceros” que también reivindican el ejercicio de sus derechos constitucionales.

Afectados tanto a nivel económico como social. Muchos comercios y bares se vieron obligados a cerrar sus puertas por la inseguridad de la zona, ya que al estar las calles cortadas imposibilitaba el acceso a la libre circulación por las avenidas. De esta manera se acrecentaron los delitos, porque se convirtió en una “zona liberada” para la policía.

El Ministro Farias, remarcó que "no hay deuda del Estado" y que en todo caso lo que existe es "una animosidad de los carreros con la gestión".

¿Punteros o carreros?

Claudia Báes, la mujer que encabezaba la protesta de los carreros, negó que opere como referente del partido socialista en los barrios tal cual fue publicado en el diario “La Capital”, señalando que Báes habría dicho: “Yo trabajé para Hermes Binner, Miguel Lifschitz y Mónica Fein. No lo dejé entrar a Miguel Del Sel a mi barrio porque soy socialista y mirá, así me pagan”.

Sin embargo, la mujer sostuvo: “No soy política, no trabajo para el socialismo y todo el mundo lo sabe”. Con respecto al episodio del ex pre-candidato del PRO, negó haber dicho algo al respecto, diciendo “No se nada sobre eso, es mentira”.

En relación al reclamo que paralizó la zona de 27 de Febrero y Oroño expresó: “Nosotros no queremos plata”. Y en relación al representante del Desarrollo Social provincial, Marcelo Beltrán, dijo, “Se mete con la boca de la gente de los barrios. Venimos a buscar lo que hace 6 meses pedimos que es asistencia a la gente enferma, se mete con los proveedores, paró todo y nos amenazó con que si no levantamos el piquete nos saca los comedores”

El tramo final

En tanto, el juez tomará declaración indagatoria a los cabecillas del piquete y deberá determinar si existe en la acción cometida algún tipo de delito, teniendo en cuenta la figura de daño. Cabe destacar que la fiscalía basó su argumento en el artículo 194 del Código Penal que impide el corte de calle e interrupción del tránsito.

La norma penal no se encuentra dirigida a limitar indebidamente el ejercicio de ciertos derechos, sino a resguardar la seguridad de los ciudadanos, que no tienen porqué padecer una pérdida de la misma cada vez que alguien decida manifestar (sea en forma de huelga o de cualquier otra) sus opiniones. Antes bien, corresponde que en un Estado democrático de Derecho todos los actores sociales adecúen sus conductas al debido respeto que merecen los derechos de los demás, demostrando ejemplaridad y un adecuado compromiso con los altos valores que regulan la vida social. Máxime cuando es dable concebir vías alternativas de reclamo, mediante las cuales los imputados pudieron, con igual efectividad pero sin incurrir en conductas delictuales, hacer conocer su disconformidad con las medidas de gobierno que a su juicio no resultaban acertadas.